
El retraso en devoluciones federales del programa Prodder volvió a encender alertas entre organismos operadores de agua en Guanajuato. La cifra en juego ronda los 116 millones de pesos anuales en el estado. No se trata de un trámite menor, porque esos recursos se usan para infraestructura de agua potable y saneamiento. Además, funcionan bajo un esquema de corresponsabilidad que permite multiplicar las inversiones locales. Cuando ese dinero no llega a tiempo, la afectación se traslada de inmediato a obras, planeación y servicio. El Prodder existe desde 2002 y permite recuperar parte de los pagos por derechos de uso de aguas nacionales. La condición es que el dinero se reinvierta en acciones que beneficien a la población. El diseño del programa ha servido para duplicar obras mediante aportaciones equivalentes de estados y municipios. Según la Aneas, entre 2023 y 2024 generó una bolsa cercana a 5 mil millones de pesos al año para más de 400 prestadores de servicio en el país. Por eso el retraso no es solo un problema contable, sino una presión operativa para cientos de sistemas.
En Guanajuato, los organismos de León, Irapuato, Celaya, Guanajuato capital y San Francisco todavía no habían recibido esos recursos. El caso de Sapal en León es uno de los más visibles, con un adeudo reportado de 58 millones de pesos del ejercicio 2025. Los sistemas han tenido que operar con recursos propios mientras esperan la devolución federal. Eso obliga a reordenar prioridades y a posponer proyectos que ya estaban contemplados para mejorar redes, reducir fugas y fortalecer la operación. El costo de la demora se refleja en menos margen para prevenir fallas y ampliar cobertura.
Directivos del sector advirtieron que ya hay proyectos detenidos y obras pospuestas. También señalaron que la presión financiera pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio para millones de personas. En un estado que enfrenta estrés hídrico creciente, diferir infraestructura no es una decisión inocua. Cada mes perdido complica mantenimiento, expansión y respuesta ante fugas o interrupciones. El mensaje de fondo es sencillo: si la Federación no libera a tiempo los recursos, Guanajuato tendrá que seguir parchando con fondos propios una agenda hídrica que exige planeación más estable.
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Fuente: Agencias











