Guanajuato mantiene un rezago importante en la instalación de Unidades de Diversidad Sexual y de Género. De acuerdo con el reporte difundido este 8 de abril, 26 de los 46 municipios del estado siguen sin crear esa área. El dato adquiere peso porque la obligación existe desde junio de 2024, cuando entró en vigor la ley correspondiente. No se trata de una recomendación simbólica, sino de una estructura prevista para atención institucional. A casi dos años de distancia, el cumplimiento sigue siendo desigual. El problema no es solo la ausencia administrativa de una oficina. También implica que muchas personas continúan sin una ventanilla clara para canalizar acompañamiento, orientación y políticas específicas. En el debate público suele olvidarse que los derechos no se garantizan solo con reformas aprobadas, sino con unidades operando, presupuesto y responsables nombrados. El reporte recordó que incluso en municipios relevantes del corredor industrial el avance ha sido lento. La distancia entre la norma y la implementación sigue siendo el dato principal.
Uno de los ejemplos señalados fue Salamanca. Ahí se expuso que la instalación de la unidad sigue retrasada y que ni siquiera habría una persona designada para encabezarla. Además, persisten dudas sobre la propia titularidad de la Dirección de Derechos Humanos. Es decir, el problema no parece ser solamente de calendario, sino de prioridad institucional. Cuando la estructura administrativa no se define, los derechos quedan sujetos a la improvisación política de cada municipio.
Para Guanajuato, este rezago tiene implicaciones de gobernanza y de confianza pública. Si una ley estatal tarda tanto en aterrizar en más de la mitad de los ayuntamientos, el mensaje que reciben las poblaciones afectadas es de baja urgencia. En un entorno donde la discriminación y la violencia siguen siendo una preocupación real, esa señal pesa. El estado necesita pasar de la declaratoria legal a la operación efectiva en territorio. De otro modo, la agenda de diversidad seguirá dependiendo más de la voluntad local del momento que de una política pública consistente.
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Fuente: Redaccion
