Catorce alcaldes han sido asesinados en México desde octubre de 2024, dentro de la actual administración federal. El caso más reciente fue el de Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos. El ataque ocurrió dentro del ayuntamiento el 22 de julio. El crimen volvió a colocar la seguridad local en la conversación nacional. La violencia política golpea especialmente a municipios con capacidades institucionales reducidas.
Oaxaca concentra cinco casos y Michoacán registra cuatro dentro del periodo referido. Muchos municipios pequeños operan con policías limitadas, presupuestos estrechos y menor capacidad de inteligencia. Esa debilidad puede ser aprovechada por grupos que buscan controlar decisiones públicas. La violencia contra alcaldes interrumpe servicios, proyectos y participación comunitaria. También genera incertidumbre entre trabajadores municipales y población cercana.
La cercanía de los procesos electorales de 2027 aumenta la necesidad de prevenir amenazas. Las investigaciones deben esclarecer autores materiales, posibles responsables intelectuales y condiciones que facilitaron cada ataque. Fortalecer municipios requiere policías capacitadas, alertas tempranas y protección basada en riesgos. La coordinación con fiscalías debe pasar de la reacción a la prevención. La ciudadanía necesita resultados judiciales y continuidad institucional, no solo despliegues temporales.
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Fuente: Agencias y Redacción
