La discusión sobre protección animal tomó un giro nacional después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar la norma vigente relacionada con la eutanasia de perros callejeros. El tema escaló tras conocerse que en Tecámac, Estado de México, fueron sacrificados 10 mil animales entre 2019 y 2023. La mandataria dijo que, aunque la actuación municipal se habría apegado al marco legal existente, eso no cierra el debate. Por el contrario, abrió la puerta a modificar las reglas para privilegiar mejores prácticas de bienestar animal. El mensaje coloca la política pública en un terreno donde legalidad y legitimidad no siempre coinciden. La polémica se detonó cuando la hoy senadora Mariela Gutiérrez confirmó que durante su gestión como alcaldesa se aplicó la eutanasia a esos perros. La legisladora defendió que se trató de animales en condiciones de salud muy deterioradas o involucrados en ataques a personas, y que el procedimiento siguió protocolos oficiales. Sin embargo, la magnitud del número volvió inevitable la discusión ética y administrativa. Sheinbaum subrayó que la protección de los animales debe tener prioridad. Con ello, trasladó el foco desde la defensa del procedimiento hacia la necesidad de actualizar la regulación.
La presidenta recordó que su gobierno elevó la protección animal a rango constitucional y señaló que aún falta la legislación secundaria para aterrizar ese mandato. Esa precisión es importante porque indica que la conversación no se quedará solo en declaraciones, sino que puede derivar en nuevas obligaciones normativas. También reordena el criterio con el que estados y municipios podrían atender poblaciones caninas en calle. El debate ya no se limita a controlar riesgos sanitarios o de seguridad. Incluye ahora la exigencia de construir políticas de cuidado, esterilización, refugio y atención con estándares más altos.
México arrastra desde hace años una crisis de animales en situación de abandono, con respuestas institucionales disparejas según cada municipio. El caso de Tecámac exhibe justamente esa fragmentación: lo que para una autoridad fue una salida permitida, para buena parte de la opinión pública resultó una medida inaceptable. La revisión anunciada abre una oportunidad para ordenar el tema desde una perspectiva nacional. El reto será diseñar reglas aplicables, financiables y compatibles con la protección efectiva de seres sintientes. Si eso ocurre, la controversia puede convertirse en una corrección de fondo y no solo en un episodio de indignación momentánea.
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Fuente: EFE Y REDACCION
