El Gobierno de México informó que encontró indicios de vida en 40 mil 367 personas inscritas en el registro nacional de desaparecidos, equivalente a cerca de una tercera parte de los 130 mil casos acumulados. La revisión se realizó mediante cruces con padrones oficiales, como registros fiscales, de seguridad social y programas públicos, con la intención de depurar una base de datos que se ha vuelto central en la discusión sobre la crisis de desapariciones.
El anuncio abrió de inmediato un nuevo debate público. Colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos cuestionaron la metodología, advirtieron que la información puede resultar incompleta y rechazaron que la crisis se reduzca a un problema estadístico. Para las familias, el riesgo es que una actualización administrativa termine debilitando la urgencia de investigar cada caso de manera individual.
El episodio vuelve a colocar la seguridad y la capacidad del Estado bajo escrutinio. Mejorar bases de datos y usar inteligencia institucional puede ayudar, pero solo si va acompañado de investigaciones serias, coordinación entre fiscalías y un enfoque plenamente respetuoso de los derechos humanos. En temas tan sensibles, la tecnología solo sirve cuando se pone al servicio de la verdad.
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Fuente: AP
