Colectivos feministas cuestionaron al Congreso de Guanajuato por retrasar la despenalización del aborto. Las organizaciones señalaron que existe un mandato judicial que debe cumplirse. También denunciaron que la falta de avance mantiene incertidumbre y criminalización en servicios de salud. La discusión ocurre después de resoluciones que obligan al estado a modificar su marco legal. El tema vuelve a poner en el centro derechos reproductivos y acceso a salud.
Las Libres y la Red de Acompañantes de León participaron en los señalamientos. Verónica Cruz Sánchez indicó que su organización ha realizado miles de acompañamientos en los últimos dos años. También se mencionaron casos que derivaron en denuncias, aunque no avanzaron judicialmente por inexistencia de delito. Las activistas sostienen que aun sin sentencias, las carpetas generan miedo y obstáculos para atención médica. Las mujeres que buscan atención pueden enfrentar amenazas, retrasos o trato intimidante.
Eso afecta especialmente a quienes tienen menos recursos o dependen de servicios públicos. Un Estado de derecho exige cumplir resoluciones, aunque resulten incómodas para grupos políticos. La tecnología puede ayudar a informar rutas legales, servicios disponibles y mecanismos de denuncia. Los derechos reproductivos no se garantizan solo con sentencias si las instituciones no cambian prácticas. Guanajuato enfrenta una prueba de legalidad, salud pública y respeto a las mujeres.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
