Autoridades estatales y fedatarios admitieron que en Guanajuato existe un rezago tecnológico para enfrentar fraudes de identidad cada vez más sofisticados. El problema ya no se limita a documentos burdos o falsificaciones fáciles de detectar. Hoy los estafadores perfeccionan la clonación de credenciales para crear empresas irregulares y mover operaciones con apariencia legal. Eso golpea la certeza jurídica y abre huecos para delitos patrimoniales de mayor escala. El reconocimiento público del problema es importante porque confirma que la amenaza dejó de ser excepcional. Desde el Colegio de Notarios se explicó que se están impartiendo cursos de capacitación sobre buenas prácticas y detección de posibles fraudes. Esa formación ayuda, pero también tiene límites claros. Los propios fedatarios reconocen que no cuentan con facultades legales ni con herramientas técnicas para fungir como peritos en documentoscopia. En otras palabras, detectan señales de alerta, pero no tienen capacidad plena para cerrar por sí solos la puerta al engaño. Esa brecha deja a los usuarios dependiendo de procesos que todavía no se han actualizado al ritmo del fraude digital.
El tema no es menor en un estado con intensa actividad inmobiliaria, industrial y empresarial. Una identidad suplantada puede arrastrar escrituras, poderes, constituciones societarias y trámites de alto impacto económico. La consecuencia no es solo una operación irregular, sino meses o años de litigios para reparar el daño. Por eso la discusión ya no debería centrarse únicamente en la pericia individual de cada oficina. Se necesita un sistema de verificación más robusto, interoperable y apoyado en tecnología que permita anticipar riesgos sin vulnerar derechos.
En materia de seguridad patrimonial, romper inercias tecnológicas ya no es opcional. La digitalización de candados, consultas biométricas y validaciones en tiempo real puede convertirse en una capa adicional de protección para ciudadanos y empresas. Claro, eso requiere marco legal, inversión y capacitación continua. También exige que la modernización no excluya a quienes aún dependen de trámites presenciales. Guanajuato tiene enfrente un reto técnico, pero también institucional, porque la confianza pública empieza por saber que la identidad no se puede clonar con tanta facilidad.
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Fuente: Agencias
