
El Gobierno de México fijó una postura clara después del accidente en Chihuahua donde murieron dos agentes estadounidenses. Y dos oficiales mexicanos. La administración federal sostuvo que los agentes de Estados Unidos no estaban autorizados para participar en operaciones dentro del país. También aclaró que uno ingresó como visitante y el otro con pasaporte diplomático. Lo que elevó la discusión sobre el marco legal de su presencia.
El caso tomó relevancia porque los agentes regresaban de una acción vinculada con la destrucción de un laboratorio clandestino de drogas. La combinación de un operativo sensible, una tragedia vial. Y versiones contradictorias volvió el episodio un asunto de seguridad y soberanía. El punto central de la respuesta mexicana fue que la ley. No permite a agentes extranjeros intervenir en operaciones sobre territorio nacional.
Bajo esa lógica, la Secretaría de Seguridad informó que revisa el caso junto con autoridades locales y con la embajada estadounidense. Esa revisión busca aclarar responsabilidades, rutas de coordinación. Y los vacíos que permitieron que se desarrollara una actividad tan delicada sin conocimiento pleno del gobierno federal. El episodio también reabrió el debate sobre hasta dónde debe llegar la cooperación bilateral en materia antidrogas. Para México, el mensaje fue que la colaboración puede continuar, pero dentro de reglas conocidas y respetadas por ambas partes.
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Fuente: AP











