El gobierno federal anunció que las obras públicas financiadas con recursos oficiales deberán utilizar acero producido en México. La decisión fue presentada en plena presión comercial con Estados Unidos por los aranceles al acero y al aluminio. La medida busca sostener a la industria siderúrgica nacional en un momento de mayor incertidumbre externa. También manda una señal de respaldo a proveedores locales vinculados con infraestructura y construcción. El anuncio coloca la política industrial en el centro de la respuesta mexicana a un conflicto comercial que sigue abierto.
El cambio no surge en el vacío. Desde el año pasado, Washington aplicó tarifas de 50% al acero. Y al aluminio provenientes de México y de otros países. México ha intentado negociar un esquema que permita cierto volumen libre de arancel o con una carga menor. Sin embargo, la expectativa de que la revisión del T-MEC eliminara ese castigo se debilitó en días recientes.
Eso empujó al gobierno mexicano a reforzar el mercado interno como amortiguador. Para la administración federal, el mensaje es doble. Por un lado, busca proteger empleo y capacidad productiva en una rama que abastece carreteras. Puentes, obras hidráulicas y proyectos urbanos. Por otro, intenta que el gasto público tenga un efecto más directo sobre cadenas nacionales de valor.
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Fuente: Reuters Y REDACCION
