La informalidad laboral se mantiene como una presión central para los hogares mexicanos. En mayo de 2026, la población ocupada en informalidad llegó a 33.4 millones de personas. La tasa se ubicó en 55.2 por ciento de la población ocupada. El dato quedó por arriba del nivel observado un año antes. La medición confirma que tener trabajo no siempre significa tener protección suficiente.
El impacto está en el ingreso, la salud y la estabilidad familiar. Muchas personas trabajan sin todas las prestaciones asociadas al empleo formal. Eso complica pagar atención médica, transporte, alimentación y servicios básicos. También reduce la posibilidad de ahorrar o acceder a crédito en mejores condiciones. Para jóvenes, mujeres y comerciantes, la informalidad puede traducirse en ingresos variables.
El mercado laboral conserva actividad, pero mantiene una estructura desigual. La agenda pública debe mirar cuántas personas trabajan y en qué condiciones lo hacen. Si la informalidad sigue alta, el consumo familiar continuará bajo presión. El seguimiento será clave durante el cierre de junio. La prioridad queda en empleo formal, derechos laborales y mejores ingresos. El reto es llevar esa protección a más ocupaciones.
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Fuente: Agencias y Redacción
