El Gobierno federal presentó una iniciativa para expedir una ley general en materia de feminicidio con el objetivo de homologar criterios de prevención, investigación, sanción y reparación del daño en todo el país. La propuesta plantea llevar el tema al plano nacional para que las fiscalías estatales no operen bajo estándares dispares frente a un delito de máxima gravedad. Entre los puntos centrales se contempla que toda muerte violenta de una mujer se investigue de inicio como feminicidio y con perspectiva de género.
La iniciativa también plantea que el delito sea perseguido de oficio, imprescriptible y sancionado con penas de 40 a 70 años de prisión. La propuesta incluye medidas de reparación para víctimas indirectas y busca ordenar un estándar nacional de actuación ministerial y pericial. Con ello, el debate deja de centrarse sólo en el castigo y se mueve también hacia la calidad de la investigación, la preservación de evidencia y la protección de familiares.
El alcance real de la reforma dependerá de su traducción operativa en fiscalías, tribunales y políticas preventivas. Endurecer penas por sí solo no resuelve la impunidad si la indagatoria falla desde el inicio o si la atención a víctimas llega tarde. Aun así, la iniciativa coloca sobre la mesa una exigencia que lleva años pendiente: que el feminicidio se enfrente con reglas comunes, sin discrecionalidad y con obligación efectiva de justicia.
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Fuente: Gobierno de México
