La publicación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado dejó formalmente extinguido al Iacip después de más de dos décadas de operación. El cambio reordena la arquitectura institucional con la que se atendían inconformidades por respuestas incompletas, tardías o inexistentes de entes públicos. La desaparición del organismo no es un ajuste menor, porque toca una pieza sensible del equilibrio entre ciudadanía y poder. En Guanajuato, el acceso a la información ha sido una herramienta clave para vigilancia social, periodismo y exigencia de cuentas. Por eso la transición se observa con atención y con dudas legítimas sobre continuidad, tiempos y garantías.
El decreto publicado incluye artículos transitorios que regulan la extinción y abrogan la ley anterior. La reforma deriva de cambios constitucionales locales aprobados previamente y del nuevo marco legal impulsado por el Congreso estatal. En términos administrativos, el reto será transferir funciones, expedientes y criterios sin vacíos que afecten a quienes tengan recursos pendientes o nuevas solicitudes en curso. En términos políticos, la prueba mayor será demostrar que el rediseño no implica un retroceso en transparencia. La legitimidad de la nueva etapa dependerá de resultados verificables y no solo de promesas normativas.
El Iacip operaba desde 2003 y su trayectoria quedó asociada a la revisión de controversias entre ciudadanos y autoridades. Ese historial explica por qué la noticia genera discusión más allá del cambio burocrático. Cuando desaparece una institución de control, la pregunta natural es quién asume el contrapeso real y con qué independencia. No basta con trasladar atribuciones en papel si la capacidad de respuesta se debilita o si los procesos se vuelven más opacos. La transparencia efectiva no se mide por decretos, sino por acceso oportuno, criterios claros y posibilidad de impugnación útil. En el corto plazo, Guanajuato necesita una transición sin confusión para usuarios, sujetos obligados y personal involucrado. En el mediano plazo, necesitará demostrar que el nuevo esquema mejora o al menos preserva los estándares de atención. Si la reestructura deriva en más lentitud, menos claridad o menor independencia, el costo político y social será alto. Si, por el contrario, se construye un sistema funcional con reglas públicas y seguimiento ciudadano, el cambio podría estabilizarse. Pero esa conclusión solo llegará con operación real, no con el anuncio inicial.
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Fuente: Agencias
