Transparencia para la Gente turnó 57 asuntos a órganos internos de control por posibles incumplimientos de funcionarios. Los casos se relacionan con solicitudes de información que no fueron respondidas dentro del plazo legal. El periodo revisado va del 15 de junio al 7 de agosto. El nuevo órgano estatal asumió funciones de garantía después de la desaparición del anterior instituto local. Las contralorías deberán revisar expedientes y determinar si existe responsabilidad administrativa.
De los 57 expedientes, 35 corresponden a Santiago Maravatío y 12 a Jaral del Progreso. Otros tres se relacionan con Ciudad Manuel Doblado y dos con San Miguel de Allende. Cinco más se distribuyen entre Apaseo el Alto, Tierra Blanca, San Francisco del Rincón, Acámbaro y Pénjamo. La normativa contempla multas de 150 a mil 500 UMA para servidores incumplidos. Las sanciones recaen sobre el patrimonio personal del responsable.
El organismo presentará el 17 de agosto una verificación a portales de 52 sujetos obligados. Ese ejercicio permitirá conocer el cumplimiento de información que debe estar disponible por ley. Para la ciudadanía, las respuestas oportunas permiten vigilar decisiones, gasto y desempeño gubernamental. La transparencia también ayuda a detectar omisiones antes de que se vuelvan prácticas permanentes. El seguimiento mostrará si las investigaciones derivan en sanciones o correcciones administrativas.
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Fuente: Agencias y Redacción
