La Fiscalía General de la República redujo la entrega de personas ante jueces por delitos relacionados con huachicol en Guanajuato. El dato contrasta con la persistencia de tomas clandestinas en la entidad. Durante el primer trimestre de 2026 se localizaron 181 perforaciones ilegales. En años previos también se registraron cifras elevadas de tomas clandestinas. El tema muestra una diferencia entre detección de infraestructura ilegal y judicialización de responsables.
Para 2023 la cifra subió a mil 172, uno de los registros más altos de la última década. En 2024 se reportaron 850 tomas y en 2025 otras 837. A pesar de esa actividad, algunos años no registraron personas vinculadas a proceso por ese delito. Cada toma clandestina representa un riesgo de fuga, explosión o daño ambiental. También puede involucrar redes dedicadas al robo, transporte y comercialización de combustible.
Las autoridades deben identificar quién opera, financia y protege esas actividades. La coordinación entre FGR, seguridad estatal, Pemex y municipios será determinante. También se requiere judicializar casos con pruebas suficientes para evitar impunidad. La información pública deberá mostrar si los decomisos y hallazgos derivan en procesos. Combatir el huachicol exige investigación penal, vigilancia técnica y seguimiento judicial.
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Fuente: AGENCIAS
