España cerró 2025 con una señal inquietante en materia de violencia de género. Las denuncias aumentaron y el número de víctimas registradas también subió ligeramente. Al mismo tiempo, descendieron las órdenes de protección concedidas. La combinación no es menor porque sugiere una respuesta institucional que no avanza al mismo ritmo que la demanda de ayuda. El dato volvió a colocar la agenda feminista en un terreno de exigencia concreta y no solo de discurso.
Según EFE, en 2025 se presentaron 204 mil 342 denuncias, un incremento de 2.64% respecto al año anterior. Las víctimas contabilizadas fueron 185 mil 188, con un alza de 0.70%. En contraste, las órdenes de protección adoptadas bajaron 2.68% hasta 47 mil 944. Esa divergencia es el corazón del problema. Más mujeres denunciaron, pero una parte menor obtuvo medidas de resguardo formal.
El fondo del asunto va más allá de una estadística anual. Cuando la denuncia crece y la protección cae, se erosiona la confianza en la cadena institucional. Para las víctimas, denunciar implica exponerse, revivir hechos y asumir riesgos inmediatos. Si el sistema no responde con rapidez suficiente, el costo emocional y material se multiplica. La violencia de género no se reduce solo con campañas de sensibilización, sino con rutas de protección claras, personal capacitado y decisiones judiciales oportunas.
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Fuente: EFE
