La relación bilateral con Estados Unidos volvió a tensarse por el tema de narcotráfico y seguridad. En Washington, el presidente Donald Trump reiteró que México debe reforzar acciones contra los cárteles. Y el flujo de drogas. El discurso se ha acompañado de decisiones judiciales y anuncios de procuración de justicia en cortes federales. Para México, el desafío es responder con cooperación efectiva sin ceder soberanía ni aceptar imposiciones.
En el fondo, la discusión mezcla seguridad, política interna y una frontera con presiones económicas y sociales. A finales de abril, autoridades federales de Estados Unidos informaron cargos contra el gobernador de Sinaloa. Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas que fueron o han sido funcionarios. El señalamiento incluye delitos de narcotráfico y armas, según la acusación presentada en una corte federal. El caso abrió un frente inusual al apuntar a autoridades en funciones y a exfuncionarios de alto nivel.
La acusación se convirtió en un tema central de conversación pública por sus implicaciones políticas. En investigaciones de esta magnitud, la precisión de pruebas y el debido proceso son indispensables para evitar abusos. En México, Rocha Moya ha negado las acusaciones. Y se separó temporalmente del cargo mientras avanzan indagatorias locales. El gobierno federal ha insistido en mantener control operativo de seguridad y en colaborar en lo que corresponda.
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Fuente: Reuters y Redacción
