Una consulta para niñas y niños de 6 a 10 años en el Congreso de Guanajuato generó polémica por su cuestionario. El ejercicio se presentó como “Consulta de Educación y Justicia” para recoger percepciones sobre derechos y escuela. Sin embargo, la inclusión de preguntas relacionadas con el derecho a decidir abrió debate sobre pertinencia y lenguaje. Organizaciones provida protestaron para pedir que se retiren esas preguntas y se revise el enfoque. Quienes respaldan la consulta sostienen que escuchar a la niñez ayuda a diseñar políticas de protección.
El cuestionario también aborda violencia y acoso, incluido hostigamiento digital, un fenómeno en crecimiento. Defensores argumentan que omitir esos temas impediría dimensionar riesgos reales en entornos escolares. Críticos advierten el riesgo de trasladar debates adultos sin un marco pedagógico suficiente ni acompañamiento claro. La discusión se centra en cómo preguntar sin inducir respuestas y en garantizar un entorno seguro. En cualquier caso, el consenso mínimo es cuidar la integridad de niñas y niños.
Autoridades de protección infantil defendieron el ejercicio como un paso para reconocer a la niñez como sujeto de derechos. Otros especialistas cuestionaron metodología, consentimiento y el uso que se dará a resultados y datos. El Congreso quedó bajo presión para explicar cómo se construyó el instrumento y qué instituciones participaron. Más allá del desacuerdo, el caso muestra que se requiere transparencia y lenguaje cuidadoso. El valor final dependerá de que las respuestas se traduzcan en medidas concretas y verificables.
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Fuente: Quadratín
