La comunidad de Guajes de Ayala, en Guerrero, vive bajo una presión armada que ya cambió su rutina diaria. Vecinos describen caminos cerrados, amenazas constantes y familias que dejaron sus casas por miedo. La población se redujo con el paso de los años. También bajó la actividad agrícola y comercial. El desgaste social ya se nota en la escuela, en la cosecha y en la convivencia.
Habitantes organizados activaron mecanismos de autodefensa desde 2020 para resistir ataques y vigilar accesos. Lo más preocupante es el uso de drones de vigilancia para detectar movimientos y anticipar agresiones. La violencia dejó de ser clandestina. Ahora mezcla armas largas, explosivos y control del territorio. Eso obliga a revisar la capacidad tecnológica y operativa del Estado en zonas rurales.
El caso muestra que la inseguridad no sólo se mide por homicidios o carpetas abiertas. También se mide por pueblos vaciados, niñas y niños interrumpidos y economías locales quebradas. Cuando una comunidad siente que defenderse sola es su única salida, la deuda pública se vuelve más evidente. La respuesta necesita inteligencia, protección a víctimas y rutas seguras de denuncia. Sin esa combinación, la paz seguirá viéndose lejana para muchas regiones del país.
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Fuente: AP
