Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en Guanajuato dieron un nuevo paso en la internacionalización de su exigencia de verdad y justicia. El respaldo al mecanismo del artículo 34 del comité de la ONU fue presentado como una vía preventiva para movilizar apoyos internacionales hacia México. No se trata de un proceso penal individual, sino de una ruta que reconoce la gravedad del problema y la necesidad de vigilancia externa. Para muchas familias, el hecho de que la discusión llegue a ese nivel ya representa un logro político y moral. Después de años de insistencia, el tema dejó de ser únicamente local para instalarse en una conversación global sobre derechos humanos. Bibiana Mendoza, buscadora de Irapuato, expuso que en México desaparecen en promedio 30 personas al día y advirtió que el fenómeno es sistemático. Su señalamiento apunta a un problema más profundo que la cifra: la posibilidad de contextos donde existe permisividad o incluso complicidad de autoridades. Esa lectura es especialmente sensible en Guanajuato, donde la crisis de desapariciones ha marcado la agenda pública de numerosas familias. Las madres y familiares sostienen que la búsqueda no puede depender solo de su esfuerzo, su exposición y su capacidad de resistencia. Cuando una buscadora dice que el Estado va detrás del problema y no delante de él, lo que describe es una falla persistente de respuesta institucional.
Otra de las voces que se sumaron al respaldo fue la de Edith Lendechy García, madre de Betzabé Aguilar, desaparecida en 2020 en Apaseo el Grande. Su testimonio condensa la dimensión humana de una estadística enorme: una silla vacía, años sin respuestas y una sensación de abandono que no se corrige con declaraciones aisladas. Desde los colectivos se recordó que la denuncia internacional no nació ahora, sino que lleva años construyéndose frente a gobiernos de distintos signos. También se mencionó la cifra de más de 132 mil personas desaparecidas en el país, un dato que para las familias vuelve imposible relativizar la crisis. En esa lógica, minimizar números o discutir solo la narrativa oficial equivale a prolongar el daño.
El llamado de fondo es a construir una estrategia real de búsqueda, identificación y protección para quienes salen a buscar a sus propios familiares. La exigencia incluye coordinación entre fiscalías, resguardo para mujeres buscadoras, apertura a observación internacional y una política que no trate la desaparición como expediente acumulable. En términos de derechos humanos, Guanajuato no puede normalizar que la esperanza dependa de la presión exterior. Pero tampoco puede despreciar ese respaldo cuando las respuestas internas han sido insuficientes. Lo que hoy se discute no es una consigna abstracta, sino la obligación de buscar con seriedad, reconocer el tamaño del problema y dejar de cargar a las familias con una tarea que corresponde al Estado.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
