Especialistas advirtieron que el aumento de penas por violencia familiar en Guanajuato podría generar efectos no deseados para víctimas. La reforma elevó la sanción de uno a seis años a un rango de dos a nueve años de prisión. Con ese cambio, también se eliminó la posibilidad de acceder a suspensión condicional del proceso. Penalistas señalaron que esa salida alterna podía ofrecer reparaciones más rápidas en ciertos casos. La discusión abre un debate entre castigo, protección y acceso real a justicia.
La suspensión condicional permitía detener temporalmente el proceso si el imputado cumplía requisitos. Entre ellos estaba reparar el daño, garantizar cumplimiento y no enfrentar oposición fundada de la víctima. Si la persona incumplía, el proceso continuaba por la vía ordinaria. Especialistas consideran que este mecanismo reducía tiempos de litigio y desgaste para las víctimas. Al eliminarlo, algunos casos podrían tardar más en resolverse.
El endurecimiento penal suele presentarse como respuesta contundente ante la violencia familiar. Sin embargo, una pena mayor no garantiza por sí sola reducción de agresiones. También puede saturar agencias de investigación y juzgados si no se acompaña de recursos. Las víctimas necesitan protección inmediata, atención psicológica, reparación y seguimiento. La justicia debe evitar que el proceso se convierta en una carga adicional.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
