La investigación federal sobre contrabando de combustibles alcanzó a mandos militares que dirigieron la aduana de Matamoros entre 2024 y 2026. Dos tenientes coroneles son buscados por su presunta participación en una operación que habrÃa introducido hidrocarburos de forma ilegal. Las acusaciones permanecen sujetas al proceso judicial. El expediente atribuye a la red el movimiento de 144 millones de litros durante 2025. La dimensión del volumen muestra el impacto que una operación aduanera irregular puede tener sobre la recaudación y el mercado energético. También eleva la presión para revisar controles, permisos y trazabilidad en los cruces fronterizos. El caso ocurre mientras los precios internacionales del petróleo vuelven a superar los cien dólares por barril. En ese contexto, combatir el contrabando no es solo un asunto penal, sino una medida para proteger ingresos públicos y competencia entre distribuidores. Las pérdidas fiscales terminan reduciendo recursos disponibles para servicios y obra pública. La investigación deberá precisar responsabilidades individuales y distinguir omisiones administrativas de conductas delictivas. El reto institucional es cerrar vulnerabilidades sin frenar el comercio legal ni encarecer el abasto. La rendición de cuentas será decisiva para recuperar confianza en las aduanas.
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Fuente: Agencias y Redacción
