Una acusación federal en Estados Unidos contra 10 funcionarios. Y exfuncionarios de Sinaloa abrió este 30 de abril un frente político de alto impacto para México. Entre los señalados aparece el gobernador Rubén Rocha Moya, junto con otros perfiles vinculados a instituciones de seguridad y gobierno. La acusación los relaciona con tráfico de drogas y delitos con armas en una causa desahogada en Nueva York. El expediente, además, sostiene que hubo protección a operaciones criminales a cambio de beneficios económicos.
Por el tamaño del caso y por el nivel de los nombres involucrados. La noticia rebasó de inmediato el plano judicial y se volvió asunto de Estado. Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como infundadas. Mientras la parte mexicana reconoció haber recibido solicitudes de extradición sin detallar de inmediato cómo procederá. El tema toca una fibra muy sensible porque mezcla soberanía, cooperación bilateral y credibilidad institucional.
También revive la vieja tensión entre la presión de Washington y la exigencia de. Que cualquier señalamiento contra autoridades mexicanas se sostenga con pruebas revisables en México. Para la presidencia, el caso llega en un momento complicado por la cercanía de negociaciones estratégicas con Estados Unidos. Para la oposición y para el oficialismo, en cambio, el expediente se vuelve material de disputa política inmediata. El impacto no se limita a Sinaloa.
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Fuente: AP
