La realización de una cumbre de masculinidades en Jalisco volvió a colocar en la conversación nacional un asunto delicado: cómo deben orientarse los recursos y respaldos institucionales cuando persiste una crisis de violencia contra las mujeres. El evento siguió adelante en medio de cuestionamientos por la presunta asignación de recursos públicos a una actividad con fines de lucro. La discusión no se concentró solo en los participantes o en su perfil ideológico, sino en la pertinencia del apoyo oficial. En un país con altos niveles de agresión doméstica, feminicidio y desigualdad, cualquier señal presupuestal sobre esta materia adquiere un peso político especial. Por eso la polémica rebasó rápidamente el ámbito local.
De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, un comité vinculado al ámbito local habría aprobado un apoyo de 400 mil pesos para cubrir parte de la logística del encuentro. Después, dependencias cuyos logos aparecían en materiales del evento negaron que existiera tal financiamiento, lo que elevó aún más la exigencia de claridad. Cuando una institución aparece asociada a un foro polémico y luego toma distancia, el problema deja de ser solo ideológico y se vuelve también administrativo. La ciudadanía quiere saber quién autorizó, quién retiró y bajo qué criterios se tomó cada decisión. Esa demanda de transparencia es razonable y necesaria. El debate de fondo va mucho más allá de una cumbre específica. Trabajar con hombres y jóvenes para prevenir violencia puede ser legítimo e incluso necesario, pero requiere metodologías serias, evaluación y una articulación clara con políticas de igualdad. Si esos espacios se perciben como vitrinas ideológicas o como negocios subsidiados, pierden legitimidad desde el arranque. También hay una dimensión institucional sensible: Jalisco arrastra cifras que obligan a cuidar con extremo rigor cualquier mensaje sobre género, prevención y uso del dinero público. En ese contexto, las víctimas y organizaciones civiles reclaman que la prioridad siga puesta en protección, atención y justicia.
Para México, la lección es más amplia. La discusión sobre masculinidades no debería cancelarse, pero sí necesita dejar atrás el espectáculo y aterrizarse en programas basados en evidencia. Hablar de convivencia, cuidados y responsabilidad masculina puede ser útil si se hace con enfoque de derechos y no como plataforma de confrontación cultural. También conviene recordar que la política pública no se legitima por convocatoria ni por presencia mediática, sino por resultados verificables. La controversia de Jalisco exhibe precisamente eso: cuando faltan reglas claras, cualquier iniciativa sensible corre el riesgo de convertirse en un problema de confianza.
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Fuente: Reuters y Redacción
