En Juventino Rosas, un fenómeno cotidiano empezó a crecer de manera visible. El aumento del transporte irregular para conectar con zonas de empleo y servicios. La alta demanda ha impulsado que conductores ofrezcan viajes sin permisos, aprovechando la urgencia de la gente por llegar a tiempo. El problema es que, fuera de regulación, se pierde control sobre tarifas, seguros, revisión mecánica y condiciones mínimas de seguridad. Para quienes viajan, la decisión se vuelve un dilema entre riesgo y necesidad.
Y cuando algo sale mal, muchas veces no hay a quién exigirle responsabilidad. El transporte “pirata” suele expandirse donde el servicio formal no cubre horarios, rutas o costos. Trabajadores, estudiantes y familias terminan pagando más o asumiendo riesgos para no perder empleo o clases. A veces se organiza por redes vecinales; otras, por operadores que hacen negocio con la falta de oferta. La autoridad enfrenta un equilibrio delicado: aplicar sanciones sin dejar a la gente sin opciones.
Pero sin tolerar que se normalice la informalidad. También debe responder por accidentes, abusos y conflictos que se generan en paraderos improvisados. La solución más efectiva suele ser ampliar y mejorar el transporte formal, con rutas que respondan a la realidad de horarios y destinos. También se requieren inspecciones que no se conviertan en “caza” recaudatoria, sino en garantía de seguridad y orden. La coordinación con municipios vecinos es clave, porque los flujos de pasajeros no respetan límites administrativos.
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Fuente: Agencias y redacción
