Salamanca acumuló en pocos días más casos de secuestro que en cualquier año de la última década. Se reportaron cinco personas privadas de la libertad en cuatro hechos distintos. No se informó de detenidos ni de víctimas localizadas en esos casos. Los eventos ocurrieron en puntos urbanos y rurales, lo que elevó la alarma social. La lectura es dura, hay una crisis de seguridad que se volvió cotidiana.
El caso más reciente se reportó en la comunidad de San Vicente de Flores, donde fue privada de la libertad Rosa María Ayala. Antes, se documentó el secuestro de una mujer el 13 de enero en un puesto de tacos en la avenida Faja de Oro. Al día siguiente, otra mujer fue raptada en la comunidad de Cárdenas. El sábado, dos hombres fueron llevados contra su voluntad desde el restaurante Assian Buffet. Cinco víctimas, cuatro escenarios, una misma señal de control criminal.
Según cifras oficiales, los años con mayor incidencia previa fueron 2019 y 2025, con tres casos cada uno. En 2025 se clasificaron como secuestro extorsivo. El municipio también arrastra alta incidencia de homicidios, extorsión, robos y quema de vehículos. Autoridades locales han reconocido un contexto de violencia ligado a grupos delictivos. También se ha dicho que la conectividad carretera facilita trasiegos y movimientos. El corredor industrial, en lugar de blindaje, a veces se vuelve riesgo. La respuesta pública requiere más que patrullas, exige investigación y protección real. La tecnología puede apoyar búsquedas, análisis de movilidad y cruces de datos, pero con controles y respeto a derechos. También se necesita atención a víctimas y coordinación con colectivos, sin revictimizar. La denuncia ciudadana ayuda, pero no puede ser una condena para quien levanta la voz. Salamanca enfrenta un desafío que no se resuelve con frases. Se resuelve con resultados, y con vidas encontradas.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
