Una posible reforma electoral podría recortar de golpe el financiamiento que hoy sostiene a partidos aliados. Los cálculos apuntan a una pérdida anual cercana a 900 millones de pesos para PT y PVEM, respecto a lo que recibían en 2018. El debate no es menor, porque ese dinero mueve estructuras, operación territorial y presencia mediática. La discusión también toca un tema sensible, el tamaño de los grupos parlamentarios y sus subvenciones. En la práctica, el sistema premia coaliciones que inflan poder presupuestal.
El PT pasó de 236.8 millones de pesos en 2018 a 670.6 millones en 2026. El PVEM subió de 368 millones a 832.1 millones en el mismo periodo. El cálculo de prerrogativas depende de padrón electoral, UMA y porcentaje de votación previa. Competir en alianza elevó resultados y, con ello, los montos públicos. La propuesta de cambio busca modificar esa fórmula para generar ahorro. El costo político sería alto para quienes crecieron al amparo de la coalición.
En la Cámara de Diputados, el PVEM saltó de 15 a 62 legisladores entre legislaturas. Eso llevó sus ingresos anuales por subvenciones de 42.7 millones a casi 260 millones. El PT, aunque con variación menor en curules, también alcanzó subvenciones superiores a 208 millones anuales. En el Senado, el PVEM se duplicó de 6 a 14; el PT mantuvo seis escaños. Con menos plurinominales o reglas distintas, esas cifras se mueven. Y con ellas, el poder de negociación. El punto de fondo es si el Estado debe financiar el tamaño actual de la política. Quienes defienden la reforma hablan de austeridad y equidad. Quienes la rechazan advierten que se concentrará el poder en partidos grandes y se castigará la pluralidad. La discusión debería incluir controles, auditorías y límites claros al gasto. También debe evitar que el dinero se vuelva el único oxígeno de los partidos. Si la reforma llega, el golpe no será simbólico, será contable.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
