Además de los transportistas, organizaciones de pequeños y medianos productores de maíz de Guanajuato, Michoacán y Jalisco participan en la movilización de este 24 de noviembre. Su demanda central es que el precio de compra del grano se eleve a 7 mil 200 pesos por tonelada, cifra que consideran necesaria para cubrir costos de fertilizantes, combustible y mano de obra. Los campesinos aseguran que, sin ese ajuste, muchos seguirán operando con pérdidas o abandonarán la actividad, lo que afectaría la oferta nacional de alimentos básicos.
En algunos puntos de concentración se observan tractores, camionetas de carga y pancartas que vinculan la protesta del campo con la inseguridad en carreteras y zonas rurales. Agricultores del Bajío argumentan que no solo enfrentan precios bajos por sus cosechas, también padecen robos de maquinaria, cobro de “cuotas” y extorsiones ligadas a grupos delictivos. Por ello, su pliego incluye exigencias de mayor presencia de la Guardia Nacional y coordinación con policías estatales para proteger cosechas, bodegas y centros de acopio.
Especialistas en temas agroalimentarios señalan que la protesta pone sobre la mesa el dilema entre apoyar al productor nacional o seguir dependiendo en gran medida de importaciones de maíz. Plantean que, si se quiere una producción interna más sólida, se requieren no solo precios de garantía justos, sino programas de asistencia técnica, financiamiento accesible y seguros contra riesgos climáticos. El paro de hoy, explican, es una llamada de atención sobre la fragilidad económica de muchas familias campesinas, incluso en regiones consideradas motor agrícola del país.
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Fuente: Organizaciones campesinas del Bajío y análisis agropecuarios
