Una resolución judicial y comunicados recientes de autoridades federales volvieron a encender la disputa sobre el uso de Uber y otras aplicaciones de transporte en aeropuertos de Ciudad de México y otros puntos del país. Parte del sector taxista exige restricciones más duras, mientras usuarios defienden su derecho a elegir servicio cuando el transporte concesionado resulta insuficiente o inseguro.
Especialistas en movilidad recuerdan que el problema no se resuelve con prohibiciones aisladas, sino con reglas parejas, transparencia en concesiones y fiscalización eficaz de todos los actores, digitales o no. La prioridad debe ser la seguridad de las personas usuarias, la formalidad laboral de quienes conducen y la calidad del servicio.
En el fondo, esta discusión refleja la dificultad de adaptar marcos legales a innovaciones que ya forman parte de la vida urbana. Un enfoque de interés público exigiría mesas abiertas con usuarios, sindicatos y empresas para construir reglas claras que mejoren la experiencia de viaje sin convertir el conflicto en guerra de privilegios.
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Fuente: Agencias
