El Congreso federal aprobó la nueva Ley General de Aguas, que sustituye la norma de los años noventa y busca ordenar concesiones, cuidar cuencas y garantizar acceso al agua como derecho humano. El gobierno la presenta como una herramienta moderna para distribuir mejor el recurso, revisar permisos y frenar abusos históricos de industrias y grandes usuarios.
Organizaciones campesinas, académicas y defensores del medio ambiente advierten, sin embargo, que varios artículos dejan márgenes amplios para proyectos extractivos y grandes obras hidráulicas con poca consulta. Recuerdan que, en muchas regiones, las comunidades ya viven con pozos agotados, ríos contaminados y acueductos pensados primero para fábricas que para barrios populares.
El verdadero examen vendrá en la aplicación: quién obtiene concesiones, cómo se transparentan los datos y qué tan fácil será para pueblos y colonias defender sus fuentes de agua. Sin vigilancia ciudadana y justicia accesible, una ley que habla de derechos podría acabar blindando privilegios en una época de sequías cada vez más severas.
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Fuente: Prensa nacional y especialistas en gestión hídrica
