Tras el cierre de la COP30 en Belém, organizaciones ambientales retomaron el foco sobre los compromisos de México frente a la crisis climática. Greenpeace reconoció que el país presentó una hoja de ruta con metas para aumentar la participación de energías limpias y reforzar el uso de almacenamiento eléctrico hacia 2030, algo bien recibido en los debates multilaterales. Sin embargo, la organización recalcó que los resultados reales dependerán de que esos anuncios se traduzcan en proyectos concretos y en cambios visibles en el sistema eléctrico nacional.
En paralelo, autoridades del sector energía recordaron que el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025–2039 contempla la incorporación de decenas de gigawatts de nueva capacidad limpia, además de miles de megawatts en sistemas de baterías. Diversos análisis señalan que México ha avanzado en la instalación de parques solares y eólicos, pero también advierten que la generación con gas importado sigue teniendo un peso muy alto en la matriz, lo que deja al país expuesto a variaciones de precio y a riesgos geopolíticos.
Para especialistas en política energética, el mensaje central es que la brecha ya no está en el discurso, sino en la ejecución. Piden acelerar permisos, líneas de transmisión y esquemas de coinversión público privada para que los proyectos salgan del papel y lleguen a zonas donde la demanda eléctrica crece con fuerza, como el Bajío y el norte industrial. De lograrse, México no solo recortaría emisiones, también fortalecería su seguridad energética y su atractivo para empresas que exigen cada vez más electricidad de origen renovable.
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Fuente: EFE, Secretaría de Energía y reportes especializados
