En las últimas semanas, el gobierno mexicano ha intensificado negociaciones con grandes empresas molineras para comprar maíz blanco nacional a precios por encima de la referencia internacional. La intención oficial es garantizar ingresos mínimos a productores y reducir la dependencia de importaciones, en un contexto de producción afectada por sequías y altos costos de insumos. Informes del sector agroalimentario señalan que el precio de referencia en el Bajío se ha mantenido por encima de años previos, pero muchos agricultores consideran que sigue sin compensar el alza en fertilizantes, combustibles y crédito.
Organizaciones de productores de varios estados, entre ellos Guanajuato, han advertido que aceptar precios demasiado bajos puede llevar al abandono de tierras y a un deterioro mayor de la seguridad alimentaria. En congresos agroindustriales recientes interrumpieron foros para exigir esquemas de precios de garantía y programas de apoyo más claros, llegando a anunciar la posibilidad de nuevos bloqueos carreteros si no se atienden sus demandas. Para muchos campesinos, la crisis climática, los tratados comerciales y la fuerza de las grandes agroindustrias han dejado a la pequeña y mediana producción en una posición de desventaja estructural.
Desde una perspectiva de derechos humanos y soberanía alimentaria, organizaciones rurales proponen que la política agrícola se centre en quienes producen alimentos básicos para el país, no solo en cadenas de exportación. Plantean medidas progresistas como créditos blandos, seguros climáticos, apoyo a prácticas agroecológicas y compras públicas para escuelas y programas sociales que prioricen maíz local. A su juicio, defender el maíz y a sus productores no es solo una cuestión económica, sino cultural y ambiental, ligada a la identidad mexicana y a la salud de los suelos y comunidades.
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Fuente: USDA, agencias especializadas y organizaciones de productores
