En Guanajuato siguen reportándose trabas para que personas de la diversidad sexual y de género logren modificar su nombre y el reconocimiento de su identidad en el Registro Civil. La denuncia fue hecha por la legisladora local Eugenia García Oliveros. El señalamiento exhibe una distancia persistente entre la ley y lo que ocurre en oficinas públicas. Para quienes enfrentan estos obstáculos, la barrera no es abstracta. Afecta derechos, trato digno y acceso a documentos básicos. La diputada anunció mesas de trabajo con colectivos de la diversidad sexual para revisar fallas y omisiones en la atención institucional. Según lo expuesto, usuarios han reportado negativas, retrasos y obstáculos administrativos. El punto central del diagnóstico es la falta de sensibilización del personal. No basta con que exista un procedimiento legal si quienes deben aplicarlo actúan con prejuicio o desinformación. Ahí es donde la política pública se rompe con más claridad. García Oliveros dejó abierta la posibilidad de impulsar sanciones administrativas para servidores públicos que se nieguen a expedir estos documentos. El caso abre una discusión más amplia sobre igualdad sustantiva en el estado. Un derecho no se vuelve real solo porque aparece en la ley, sino cuando puede ejercerse sin humillación ni desgaste. Guanajuato tiene la oportunidad de corregir una contradicción evidente entre discurso y práctica. Si no lo hace, confirmará que falta voluntad para cumplir lo aprobado.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
