La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la desaparición de 109 fideicomisos y fondos del Gobierno federal, una medida impulsada originalmente en 2020. Con ello, el máximo tribunal declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida contra el decreto que permitió extinguir esos instrumentos. El fallo respalda la posibilidad de que el Ejecutivo dispusiera de más de 68 mil millones de pesos. En su momento, el argumento central fue redirigir recursos para atender prioridades extraordinarias, entre ellas la pandemia de COVID-19. Seis años después, la decisión judicial cierra uno de los capítulos más discutidos del rediseño presupuestal del Estado.
El tema nunca fue técnico en sentido estricto, aunque así se intentó presentar durante mucho tiempo. Los fideicomisos funcionaban como mecanismos para reservar y operar recursos con un objetivo específico, y su extinción abrió dudas sobre continuidad, transparencia y protección de sectores que dependían de ellos. La resolución de la Corte no cancela esas dudas, pero sí fija una línea clara sobre la constitucionalidad del movimiento. A partir de ahora, el debate cambia de sede y pasa del terreno judicial al político y administrativo. Lo que sigue es preguntarse si el uso posterior de esos recursos justificó el tamaño del ajuste institucional que se hizo.
El fallo también tiene implicaciones para futuros gobiernos. Si la Corte avala que un Ejecutivo desmonte una arquitectura financiera de esta magnitud, el precedente adquiere un peso considerable para decisiones similares más adelante. No significa que cualquier extinción sea automáticamente aceptable, pero sí que el margen de maniobra del poder político quedó más amplio de lo que muchos opositores esperaban. En un país donde el presupuesto es también una herramienta de poder, esa señal importa. La discusión de fondo deja de ser solo cuánto dinero había en los fideicomisos y se convierte en quién puede rediseñar sus reglas y bajo qué controles. Para la opinión pública, la resolución confirma que algunas de las grandes decisiones del último sexenio siguen reordenando el tablero institucional incluso años después. La Corte no solo emitió un criterio jurídico; también influyó en la forma en que se entenderá la relación entre ahorro público, discrecionalidad y prioridad política. Ahora tocará observar si el Estado ofrece claridad suficiente sobre el destino y el efecto real de esos más de 68 mil millones de pesos. Porque una cosa es ganar el caso en tribunales y otra muy distinta convencer a la ciudadanía de que la reasignación produjo mejores resultados. Ahí es donde la legalidad se encuentra, inevitablemente, con la legitimidad.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
