Jerécuaro cerró la semana con una escena que golpeó al municipio en lo político y en lo humano. Un ataque armado registrado la noche del viernes en un botanero dejó dos hombres muertos y dos personas lesionadas, entre ellos el esposo de la alcaldesa Isabel Acevedo Mercado. Los primeros reportes indican que hombres armados llegaron al establecimiento y dispararon contra quienes convivían en el lugar. La agresión ocurrió minutos antes de las nueve de la noche y provocó una movilización inmediata de corporaciones de seguridad. El impacto fue tan fuerte que el caso dejó de ser un episodio local para convertirse en un golpe que sacudió a todo el sur del estado. Entre las víctimas mortales fue identificado Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal. También murió otra persona que se encontraba en el sitio, mientras que dos más resultaron heridas y requirieron atención médica. En los reportes iniciales se mencionó de manera extraoficial que entre los lesionados estaría un familiar cercano de la alcaldesa. El ayuntamiento emitió un posicionamiento para condenar lo ocurrido y expresar condolencias a las familias afectadas. La Fiscalía estatal abrió la investigación mientras la zona permanecía acordonada y bajo resguardo.
La reacción institucional buscó enviar una señal rápida de acompañamiento. La gobernadora Libia Dennise García expresó solidaridad con la alcaldesa y anunció coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales. Ese tipo de mensajes no resuelven por sí solos el crimen, pero muestran hasta qué punto la violencia ya alcanzó espacios que antes parecían menos expuestos. Cuando el círculo familiar de una autoridad municipal es golpeado de esta manera, la discusión sobre seguridad deja de ser una cifra y se vuelve un asunto profundamente político. El problema ya no se mira a distancia, sino desde el corazón mismo del gobierno local.
Lo ocurrido en Jerécuaro confirma que la violencia no distingue entre funciones públicas y vidas privadas. También plantea una exigencia especial a las autoridades: investigar con rapidez, claridad y sin espacio para especulaciones. El municipio necesita justicia, pero también necesita evitar que el miedo termine contaminando aún más la vida pública y comunitaria. En lugares pequeños, este tipo de hechos dejan una huella más profunda porque todos se conocen y la sensación de vulnerabilidad se multiplica. Por eso el caso no puede archivarse como un episodio más dentro de la rutina violenta del estado.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
