Un reportaje reciente reveló que, entre 2019 y 2025, autoridades han desmantelado 96 tomas clandestinas de combustible dentro de la propia Ciudad de México, varias en zonas industriales densamente pobladas y, en el caso más reciente, incluso bajo una vivienda donde se excavaba un túnel hacia un ducto de Pemex. La escena mezcla bidones, mangueras y galerías subterráneas con casas aparentemente comunes, en barrios donde cualquier fuga podría causar una tragedia.
El llamado “huachicol urbano” deja de ser un fenómeno asociado solo a zonas rurales y se vuelve un desafío directo para la seguridad pública y la política energética: pérdidas millonarias, riesgo de explosión, contaminación y desconfianza vecinal. Pese a cierres de ductos y operativos federales, la ordeña de combustible se adapta, se desplaza de punto y busca cualquier resquicio en la infraestructura petrolera para seguir operando.
Colectivos y especialistas en energía subrayan que la respuesta requiere investigación seria y uso intensivo de nuevas tecnologías de monitoreo de ductos, sensores, análisis geoespacial y trazado financiero de redes, siempre bajo controles civiles y respeto a los derechos humanos. Sin esa actualización, el país corre el riesgo de normalizar un delito que combina crimen organizado, corrupción y un peligro masivo para barrios enteros.
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Fuente: Prensa internacional y reportes oficiales
