El gobierno estatal prevé un incremento cercano al 80% en el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos para 2026. El objetivo es ampliar capacidad de atención y acompañamiento a grupos con mayor riesgo de discriminación y violencia. El enfoque señalado incluye migrantes, personas con discapacidad y pueblos indígenas, con atención directa.
La intención es reforzar orientación, canalización y seguimiento de casos, además de mejorar coordinación con instancias estatales y municipales. También se busca fortalecer mecanismos de prevención para quejas y reportes, con mayor rapidez y trazabilidad. La discusión pública suele pedir que el aumento se refleje en presencia territorial, no solo en oficina.
El impacto se medirá en acceso real a servicios, calidad de respuesta y resultados visibles. El reto es usar el dinero con reglas claras, indicadores y supervisión. Si hay transparencia y evaluación, el gasto puede traducirse en protección efectiva para personas que hoy están más expuestas.
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Fuente: Medios locales
