Asociaciones civiles de Guanajuato capital y Silao demandaron eliminar la concesión de la carretera de cuota y el cobro de la caseta. Señalaron que el pago afecta movilidad diaria y economía regional. La petición incluye revisar la concesión y, en su caso, derogarla. El tema es sensible porque conecta trabajo, turismo y acceso a servicios. La discusión también toca transparencia, contratos y beneficios reales de la concesión.
Para usuarios, la queja principal es pagar por entrar o salir de su zona de actividad cotidiana. Para el gobierno, el reto es explicar condiciones del contrato y rutas alternativas. Si hay irregularidades, corresponde investigar con documentos y auditorías. Si no las hay, se debe argumentar con claridad por qué se mantiene el cobro. La opacidad deja la sensación de negocio privado con costo público.
El impacto económico también se siente en transporte de mercancías y en turismo. Si el peaje sube costos, sube precio final para consumidores. Además, se vuelve fricción para eventos y movilidad laboral. Por eso el debate necesita datos, tráfico, costos, mantenimiento y retorno social. Una decisión así debe basarse en evidencia pública y no en presiones momentáneas. La tecnología puede ayudar con datos abiertos de aforos, ingresos, mantenimiento y calidad de la vía. También con comparativos de tiempo y costo por rutas alternas. El objetivo es que la movilidad no sea privilegio, sino servicio accesible. Si se revisa la concesión, que se haga con legalidad y transparencia. Guanajuato y Silao requieren soluciones claras, porque la carretera es arteria económica, no lujo.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
