Un recuento reciente sobre feminicidios en Guanajuato señala que, de 2011 a la fecha, se acumulan casi 400 víctimas reconocidas oficialmente, además de cientos de intentos de feminicidio. Solo en 2025 se han abierto más de 35 investigaciones por tentativa y el número de asesinatos por razones de género continúa en decenas, con métodos que van desde el uso de armas de fuego hasta agresiones con arma blanca y otros medios. La mayoría de los casos, tanto en el histórico como en los datos de este año, se comete “por otros medios”, una categoría amplia que incluye golpizas, estrangulamientos y ataques especialmente violentos.
El análisis también resalta que en más del 70 % de los casos el agresor es la pareja, expareja o un familiar cercano. Esto comprueba que la violencia de género en el estado no se limita a hechos espectaculares en la vía pública, sino que se enraíza en relaciones desiguales al interior de hogares y comunidades. Colectivos locales han criticado la tardanza en activar protocolos, la falta de órdenes de protección eficaces y la escasa articulación entre ministerios públicos, policías y servicios de salud para atender señales tempranas de riesgo.
Desde una postura de defensa de derechos humanos, organizaciones feministas de Guanajuato señalan que la deuda del Estado es doble: por un lado garantizar la seguridad básica de las mujeres y por otro asegurar verdad y justicia en cada caso. Piden presupuestos específicos, capacitación obligatoria en perspectiva de género y mecanismos de supervisión ciudadana para evitar corrupción, negligencias o minimización de denuncias. En su opinión, un proyecto de desarrollo realmente progresista en el estado solo tiene sentido si coloca la vida de las mujeres en el centro de la agenda de seguridad y justicia.
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Fuente: Periódico AM Guanajuato y CEPAL
