La Fiscalía de Guanajuato expuso que recuperar restos humanos en pozos exige una operación técnica compleja y de alto riesgo. El fiscal señaló que en algunos casos la profundidad del terreno alcanza hasta 180 metros, lo que limita acceso y maniobras. Antes de intervenir se asegura el sitio, se evalúa estabilidad y se establece un plan de trabajo con personal especializado. Participan peritos, equipos de rescate y personal forense, además de apoyo de Protección Civil. El objetivo es preservar evidencias y mantener cadena de custodia desde el primer momento.
Los riesgos incluyen gases, agua acumulada, derrumbes y accesos estrechos con baja visibilidad. Por ello se usan arneses, ventilación, iluminación y herramientas de extracción controlada con protocolos estrictos. Cada pozo se evalúa de forma independiente porque las condiciones cambian por estructura y entorno. Además de la recuperación física, se requiere trabajo de laboratorio para identificación con análisis comparativos. Los tiempos dependen de seguridad, volumen de evidencias y capacidad forense disponible.
Colectivos de búsqueda piden información clara sobre avances, calendarios y criterios de priorización. La fiscalía sostiene que busca equilibrar velocidad con rigor para no comprometer identificaciones y procesos judiciales. El caso refuerza la necesidad de ampliar capacidades forenses y fortalecer registros de personas desaparecidas. Sistemas de información y georreferenciación ayudan a cruzar datos con reportes previos y hallazgos. La coordinación interinstitucional es clave para seguridad del personal, traslado de evidencias y atención a familias.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
