El Observatorio Ciudadano de Irapuato advirtió que la extorsión sigue siendo un problema grave en el municipio y en el país. Aunque se aprobó una ley federal que unifica el delito, aumenta penas y permite que las fiscalías actúen de oficio, el organismo estima que hasta 97 % de los casos no se denuncia por miedo, desconfianza o falta de información. Las víctimas incluyen comerciantes, transportistas y familias que reciben llamadas intimidatorias o mensajes amenazantes.
En el sector del transporte público, operadores han señalado que denunciar les hace perder tiempo y dinero, y que muchas veces no obtienen respuesta clara de la autoridad. Esta dinámica deja el terreno libre a grupos que usan la extorsión como fuente de ingresos constante. El silencio obligado se convierte en caldo de cultivo para la normalización de la violencia económica y psicológica.
Desde una perspectiva de derechos humanos, enfrentar la extorsión requiere algo más que reformas penales. Se necesitan campañas masivas de prevención, controles estrictos en penales para evitar llamadas desde el interior, acompañamiento legal y psicológico a las víctimas y, sobre todo, instituciones libres de corrupción. Solo así la ciudadanía podrá recuperar la confianza y dejar de vivir con miedo cada vez que suena el teléfono.
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Fuente: Periódico Notus, El Sol de Irapuato y Observatorio Ciudadano
