La administración de Donald Trump preparó reglas más estrictas para contratar inteligencia artificial en dependencias civiles de Estados Unidos. El borrador, atribuido a la Administración de Servicios Generales, busca endurecer cómo se compran y usan estos modelos en el gobierno. El texto surge tras un choque público con una firma de inteligencia artificial por el alcance de sus salvaguardas. El debate no es solo técnico: también toca libertad de uso, seguridad nacional y control del gasto. El mensaje de fondo es que la contratación pública quiere menos restricciones y más disponibilidad operativa.
Según el documento, las empresas que busquen contratos tendrían que otorgar una licencia irrevocable para que el gobierno use sus sistemas en cualquier propósito legal. La guía aplicaría a compras civiles, pero se describe como parte de un esfuerzo más amplio que podría replicarse en contratos militares. El borrador también pide transparencia sobre si los modelos fueron modificados para cumplir marcos regulatorios no federales de Estados Unidos. Además, plantea que no se deben codificar juicios partidistas o ideológicos de manera intencional en las salidas del sistema. En la práctica, esto empuja a los proveedores a diseñar modelos más flexibles y a documentar mejor sus ajustes.
El contexto incluye la decisión del Pentágono de catalogar a Anthropic como riesgo para la cadena de suministro, lo que limita su uso en trabajo para la Defensa. La disputa se alimentó por desacuerdos sobre salvaguardas éticas y límites para aplicaciones sensibles. En paralelo, se informó que el gobierno terminó un acuerdo para ofrecer esa tecnología mediante contratos pre negociados a los tres poderes. El caso muestra cómo la etiqueta de seguridad puede cambiar el mercado de proveedores de un día a otro. También adelanta litigios y una nueva ola de reglas para auditar el comportamiento de los modelos.
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Fuente: REUTERS Y REDACCION
