La mañana del 29 de diciembre de 2025, Alberto Prieto Valencia fue asesinado en una emboscada armada en Zapopan, Jalisco. En el ataque también murió su hija de 16 años y uno de sus escoltas, en un hecho que dejó conmoción por el nivel de violencia. El evento ocurrió en la zona limítrofe entre Guadalajara y Zapopan, en el cruce de avenida Topacio con calle Brillante. Vecinos y automovilistas reportaron pánico por ráfagas constantes y la magnitud del operativo posterior. El caso se investiga como una agresión directa y de alta planeación.
De acuerdo con reportes oficiales citados por medios, los agresores llegaron en camionetas tipo pick up y abrieron fuego con armas de alto calibre contra el vehículo en el que viajaban las víctimas. Los escoltas repelieron la agresión y se registró un intercambio de disparos que duró entre 10 y 20 minutos. En el lugar quedaron más de 200 casquillos de distintos calibres, lo que da una idea del poder de fuego utilizado. Alberto Prieto y un escolta murieron en el sitio, mientras que la menor fue trasladada a un hospital, donde falleció. Además, al menos cuatro escoltas resultaron gravemente heridos y fueron llevados a atención médica.
Tras el ataque, se desplegaron corporaciones estatales y federales para resguardar la zona y levantar indicios. Se aseguraron vehículos presuntamente vinculados a los agresores, además de radios de comunicación y un cargador, según reportes del caso. La línea de investigación principal busca reconstruir la ruta de llegada y escape, así como identificar a quienes participaron y quién ordenó la agresión. En este tipo de hechos, la evidencia digital es decisiva, por eso se revisan cámaras urbanas y registros de tránsito. También es clave cuidar a testigos y evitar filtraciones que dañen el proceso.
El mensaje social es duro, porque un ataque así se ejecuta en plena ciudad y pone en riesgo a cualquiera que esté cerca. Para evitar repetición, la seguridad necesita romper inercias y pasar a prevención basada en datos, con monitoreo real, análisis de patrones y reacción coordinada, siempre con respeto a derechos humanos. Tecnologías como lectura de placas, seguimiento de rutas y análisis de video pueden acortar tiempos y elevar capacidad de investigación, sin convertir la ciudad en un espacio de abuso. La exigencia ciudadana es que el caso avance con claridad y resultados, no solo con operativos. En 2026, la confianza dependerá de detenciones sólidas y procesos bien armados que lleguen a sentencia.
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Fuente: Agencias
