En la Cámara de Diputados, las comisiones encargadas de recursos hidráulicos aprobaron en comisiones el dictamen que crea la nueva Ley General de Aguas, paso clave antes de que llegue al pleno. El proyecto busca reemplazar el viejo marco de los años noventa, ordenar concesiones, endurecer sanciones por saqueo y contaminación, y crear nuevas figuras de autoridad en la gestión del recurso.
Paralelamente, representantes campesinos hicieron llegar un pliego con cientos de propuestas para modificar el texto, insistiendo en que se garantice el derecho humano al agua y se priorice el uso doméstico y agrícola por encima del industrial. También exigen mecanismos de vigilancia social para revisar concesiones antiguas, limitar el acaparamiento y castigar a quienes desvían ríos o sobreexplotan acuíferos. Para muchas comunidades, no se trata solo de reglas técnicas, sino de quién decide sobre el futuro de sus territorios.
Organizaciones civiles y especialistas critican que el dictamen se haya empujado con rapidez y alertan que concentra demasiadas facultades en autoridades federales sin asegurar presupuesto para los municipios. Advierten que una ley escrita desde arriba, sin participación real de los pueblos, corre el riesgo de profundizar desigualdades y alimentar la desconfianza. Por eso insisten en que el debate se abra, que haya parlamentos abiertos genuinos y que la voz rural tenga peso real en una norma que definirá el acceso al agua por décadas.
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Fuente: La Jornada, La Silla Rota, agencias
