La Cámara de Diputados continúa afinando el dictamen que busca una prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos, con sanciones severas para fabricación, venta e importación. El oficialismo sostiene que es una medida de salud pública ante el aumento de consumo entre jóvenes y los riesgos asociados a nicotina y sustancias no reguladas.
La discusión no es solo sanitaria, también es de política criminal y de mercado. Diversas voces advierten que castigar al consumidor puede empujar al mercado ilegal y dificultar políticas de reducción de daños. En contraste, los defensores del dictamen insisten en que una acción contundente podría frenar la normalización del consumo en escuelas y espacios públicos.
El reto será construir una salida equilibrada, prevención real, campañas educativas, vigilancia sobre venta clandestina y reglas claras para que la medida no termine castigando más a usuarios que a redes de distribución. La salud pública exige firmeza, pero también diseño inteligente para evitar efectos no deseados.
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Fuente: Agencias
