El caso de Ángel Yael volvió a moverse después de una espera demasiado larga. Este 12 de marzo comenzó en Irapuato el juicio oral contra dos elementos de la Guardia Nacional. El proceso deriva de la muerte del joven en El Copal, un hecho ocurrido hace cuatro años. La audiencia reabre un expediente doloroso para la comunidad universitaria y para su familia. También devuelve al centro el debate sobre el uso de la fuerza por corporaciones federales.
La relevancia del juicio va más allá de un solo caso. Cuando un expediente de esta magnitud tarda años en llegar a esta etapa, la señal social es muy negativa. No solo se trata de juzgar a dos presuntos responsables, sino de medir la capacidad institucional para procesar abusos graves. En un país donde estos casos suelen enredarse, cada audiencia importa. La persistencia de la exigencia pública ayudó a que el asunto no se enfriara.
Lo que sigue será observado con lupa por la ciudad y por el estado. Un juicio de esta naturaleza necesita pruebas sólidas, debido proceso y conducción impecable. Irapuato no solo espera una sentencia, también espera una señal contra la impunidad prolongada. La justicia tardía nunca repara por completo el daño. Pero una resolución seria puede impedir que el caso quede reducido al olvido.
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Fuente: AGENCIAS Y REDACCION
