Coparmex pidió que la extorsión sea atendida como prioridad en todo México. Señalo que el delito afecta inversión, empleo y operaciones diarias de comercios. La organización propuso crear unidades especializadas en fiscalías estatales para investigación. Afirma que muchas víctimas no denuncian por miedo y falta de protección real. El objetivo es investigar redes completas y no solo casos aislados en cada estado.
La propuesta incluye protocolos de atención rápida y coordinación entre estados. También plantea investigación financiera para seguir dinero y estructuras criminales con detalle. Empresarios piden canales seguros de denuncia y resguardo de datos sensibles del negocio. Señalan que la extorsión funciona como un impuesto ilegal que daña precios y crecimiento. Solicitan que las fiscalías profesionalicen equipos y midan resultados de manera pública y comparable.
La tecnología puede ayudar con análisis de patrones, siempre con legalidad y auditoria. También se requiere coordinación con policías y jueces para sostener casos en tribunales. Organizaciones civiles piden confianza, porque sin confianza no hay información útil. El debate abre preguntas sobre recursos, capacidades y plazos para reducir el delito sostenidamente. Coparmex insistió en que la respuesta debe sentirse en la calle y en el negocio.
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Fuente: EFE
