Un operativo de las autoridades estatales de Chihuahua reveló un hallazgo alarmante: al menos 383 cuerpos embalsamados fueron encontrados apilados en condiciones insalubres dentro de un inmueble que operaba como crematorio al sur de Ciudad Juárez. Algunos de los cuerpos datan del año 2020 y nunca fueron incinerados, a pesar de que funerarias subcontrataron el servicio para ello.
La Fiscalía General del Estado informó que el descubrimiento ocurrió el jueves 26 de junio, tras una denuncia al 911 por un vehículo sospechoso estacionado con restos humanos en su interior. Al inspeccionar el inmueble, agentes municipales y ministeriales encontraron centenares de cuerpos apilados, algunos sobre muebles y otros en el piso, sin refrigeración ni condiciones sanitarias.
El fiscal general, César Jáuregui Moreno, calificó el caso como una «negligencia criminal». Explicó que los cuerpos provenían de funerarias locales que habían contratado al crematorio para su incineración, proceso que nunca se realizó. Además, confirmó la detención del dueño y un trabajador del lugar. Datos extraoficiales señalan que el inmueble opera bajo el nombre de Crematorio Plenitud.
Pese a que autoridades sanitarias indicaron inicialmente que el lugar contaba con permisos y que los cuerpos estaban embalsamados, la Fiscalía reconoció diversas irregularidades, incluyendo la falta de refrigeración, condiciones insalubres y presunto fraude, además del incumplimiento del trato digno hacia los difuntos.
El proceso de identificación será complejo, ya que muchos cuerpos fueron tratados con productos químicos que dificultan pruebas genéticas. La Fiscalía estima que algunas familias podrían no tener en sus manos las cenizas de sus seres queridos, pues el servicio contratado nunca se llevó a cabo.
Vecinos del lugar denunciaron que el crematorio llevaba años operando sin control adecuado y que, pese a denuncias anteriores por malos olores y actividades sospechosas, el negocio continuaba funcionando. Algunos incluso relataron amenazas por parte de empleados tras intentar reportar las irregularidades.
El inmueble fue acordonado, se suspendió su operación y los cuerpos fueron trasladados a un contenedor refrigerado mientras avanzan las investigaciones. La situación ha generado una profunda indignación en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la supervisión de los servicios funerarios en la región.
