En el Congreso de Guanajuato tomó fuerza el debate sobre cómo reforzar la seguridad en traslados solicitados por plataformas de transporte. La idea central es que el C5 estatal pueda acceder a datos de viaje de servicios como Uber y Didi, con el fin de dar seguimiento en tiempo real a recorridos, rutas y alertas. El planteamiento también abre la puerta para que los C4 municipales participen en esa vigilancia coordinada. El tema crece porque estas apps son de las más usadas por la gente para moverse, a cualquier hora.
En la discusión aparece un punto clave, hoy la conexión efectiva con el C5 está concentrada en SIGO, un servicio de taxis ligado a gobierno. En medios se ha cuestionado su desempeño y su adopción, por eso la intención de sumar plataformas masivas busca “llenar” el mapa con servicios que sí se usan diario. En paralelo, se recuerda que ya existe un antecedente legislativo previo, que sirve como base para proponer reglas más claras sobre intercambio de información y tiempos de respuesta. El reto es evitar que el modelo se vuelva un trámite más sin resultados medibles.
El equilibrio no es menor, la vigilancia en tiempo real puede ayudar en situaciones de riesgo, pero también exige candados para evitar abuso, filtraciones o usos fuera de propósito. Si la propuesta avanza, lo deseable sería fijar límites, acceso por evento, trazabilidad de consultas, auditorías externas y sanciones por mal uso, con un enfoque centrado en derechos humanos. En seguridad pública, la diferencia suele estar en la ejecución, no solo en la ley, por eso también se necesita modernizar la parte técnica y romper inercias, con capacitación, interoperabilidad y métricas abiertas. La discusión de fondo no es “ver más”, sino responder mejor y más rápido cuando la gente lo necesita.
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Fuente: Medios locales
