«El rastro municipal de San Miguel de Allende volvió a operar después de una suspensión que puso el foco en el manejo de aguas residuales. La Comisión Nacional del Agua retiró los sellos tras un acuerdo con el gobierno local para corregir irregularidades. La medida se relaciona con tratamiento y descarga de aguas provenientes de la operación del rastro. Para un municipio turístico, el tema es sensible porque toca salud pública, medio ambiente y reputación. Las autoridades afirmaron que el levantamiento de la suspensión está condicionado a compromisos específicos. El mensaje es que operar no significa volver a lo mismo, sino ajustar y cumplir.
El municipio firmó una Declaración Unilateral de Obligaciones, una figura que busca amarrar acciones verificables. Entre los compromisos está implementar un programa de acciones y realizar adecuaciones en la planta de tratamiento del rastro. El objetivo declarado es evitar riesgos de contaminación, en un entorno donde el agua es recurso estratégico. También se subrayó el cumplimiento de la norma NOM-001-SEMARNAT-2021, que regula límites y condiciones de descargas. En términos simples, el rastro debe tratar mejor lo que desecha antes de devolverlo al entorno. Si eso no ocurre, el costo se paga en ríos, suelos y salud comunitaria.
Este tipo de casos revela la conexión directa entre alimentos y medio ambiente. Un rastro no solo procesa carne; genera residuos que, si se manejan mal, afectan cuerpos de agua y generan olores y riesgos sanitarios. Por eso el control no puede ser esporádico ni de visita, sino continuo. La tecnología puede ayudar con sensores de calidad de agua, bitácoras digitales de tratamiento y monitoreo de descargas. Esa vigilancia debe ser transparente y con auditorías, para que no dependa de coyunturas políticas. La meta es simple: que el cumplimiento sea rutina, no reacción.»
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Fuente: «AGENCIAS Y REDACCION»
