Arrendamientos millonarios en seguridad
Salta a la vista una decisión que ha generado inquietud entre observadores críticos del gasto público: la reciente aprobación de un proyecto de arrendamiento de vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal por un monto total que supera los $198 millones de pesos, con vigencia de septiembre de 2025 a diciembre de 2028.
Un proceso hecho «a modo»
Los documentos justifican el arrendamiento, señalando el deterioro de la flota existente y la necesidad de vehículos modernos para atender las demandas de seguridad. Sin embargo, llama la atención la rigidez con la que se opera: se estipulan requisitos técnicos sumamente específicos, lo que podría restringir la competencia y orientar el proceso hacia proveedores concretos.
Esto se suma a la observación de que tanto la justificación presupuestal como la solicitud de autorización multianual refieren, repetidamente, que la compra directa no es posible, sin ofrecer explicaciones detalladas de por qué el arrendamiento es financieramente más conveniente para el municipio a largo plazo o por qué se descarta renovar el parque vehicular mediante adquisición definitiva de unidades nuevas. El proyecto compromete recursos públicos no sólo del presupuesto de 2025, sino también de los siguientes tres ejercicios, lo que blinda el contrato frente a posibles cambios políticos y presupuestales. Queda en el aire si se realizó un verdadero análisis comparativo de costos entre compra y arrendamiento.
¿A se quién se está beneficiando?
El hecho de optar por un arrendamiento a 40 meses y por más de $198 millones plantea dudas legítimas sobre el destino final del dinero público y a quién se beneficia realmente. Más aún, los montos anuales superan los $59 millones de pesos solo en arriendo, un monto que bien podría servir para una compra escalonada y renovación permanente de la flota municipal.
La transparencia se pone en entredicho cuando los procesos de contratación incluyen términos y condiciones tan específicos que generan sospechas de haber sido diseñados para favorecer a ciertos participantes del mercado o para evitar la competencia real en licitación. ¿Por qué arrendar y no comprar? ¿Qué evaluaciones técnicas y financieras se realizaron? ¿Se revisaron comparativos?
Opacidad y cuestionamientos que persisten
Ante la opacidad y los altos montos comprometidos, urge que la administración de Lorena Alfaro explique de manera pública y detallada los fundamentos técnicos y financieros de esta decisión. La ciudadanía tiene derecho a saber si el arrendamiento multimillonario es, efectivamente, la mejor opción para la seguridad pública o si, como muchas veces ocurre, estas operaciones se deciden a modo y dejan más dudas que certezas sobre el uso eficiente de los recursos municipales.
